Este trabajo tiene como objeto introducir una discusión sobre la constitucionalidad de las facultades del juez y su papel en el del proceso judicial, para intervenir en la etapa probatoria. En concreto se analizará cuáles son los principios preponderantes tenidos en cuenta por el legislador para facultar, obligar y prohibir al juez intervenir en el proceso a través de las pruebas de oficio.

Se revisara en cada especialidad jurisdiccional, la garantía de la tutela judicial efectiva a los administrados, su incidencia en los resultados del proceso, la garantía de imparcialidad del operador judicial, y si a la luz de estas regulaciones nuestro sistema judicial está garantizando al ciudadano que el ciudadano tenga garantías del derecho constitucional a la búsqueda de la verdad.

Este trabajo plantea la necesidad de un desarrollo legal sobre el tema y una regulación general sobre la materia, que permita el decreto excepcional de pruebas de oficio de parte del operador judicial, imponiéndole una carga de trasparencia y argumentación en cada caso en concreto, que sea de carácter reglado, y cuyo objeto sea garantizar los derechos fundamentales a: tutela judicial efectiva, igualdad de las partes y debido proceso, a los usuarios del sistema judicial.

Así como también el ejercicio pleno del principio de la búsqueda de la verdad, derecho del administrado y hoja de ruta para la actuación judicial.

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